En su valoración, el edil ha manifestado la intención del consistorio de ser prudentes en las cifras sobre la cantidad de viviendas afectadas hasta que la Junta de Andalucía apruebe el reglamento sobre la aplicación de la modificación.

En cualquier caso, añade, es positivo para la comarca de la Axarquía donde existen bastantes viviendas en situación irregular. Rincón de la Victoria, continúa, “está menos afectada porque no tenemos tantas parcelaciones ilegales”.

Sánchez ha informado que el ayuntamiento no tiene actualizado un inventario de viviendas en situación irregular. “El último intento fue en 2013, en virtud de una modificación de la LOUA en el 2012. Desde entonces no se ha vuelto a actualizar”. Añade que el área de urbanismo se hará la actualización y ver caso por caso para ver si se le puede aplicar la Ley para su regularización.

“No todas las viviendas podrán ser regularizadas”, advierte.  El concejal indica que las viviendas que están en suelo no urbanizable especialmente protegido o inundable o que no están contempladas en la casuística de la ley, no podrán ser regularizadas, pero insiste que tendrán que ver caso por caso de acuerdo a los criterios del reglamento.

El concejal ha adelantado que Rincón de la Victoria tiene inventariadas, según el estudio de 2013, unas 450 viviendas en suelo no urbanizable que podrían estar en situación irregular. Desde 2013 hasta ahora, Sánchez ha indicado que no cree que pueda haber muchas más. “A partir de ese número empezaremos a estudiarlas”, ha concluido.

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El Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía, la LOUA, para incorporar medidas urgentes en relación con las edificaciones construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable fue aprobado con 88 votos a favor y 19 abstenciones, de IU y Podemos, el pasado miércoles 20 de junio.

La aprobación de este Proyecto de Ley significa que las viviendas construidas en subparcelaciones en terrenos no urbanizables podrán detener los procesos de demolición si su antigüedad es superior a seis años, por haber prescrito. Anteriormente a esta modificación, este carácter de ilegalidad nunca prescribía y las construcciones podían ser demolidas en cualquier momento, lo que provocada una situación de desprotección e incertidumbre constante. El Proyecto de Ley aprobado da a la Junta de Andalucía 6 meses para tener preparada la documentación y los procedimientos, y 2 años a los Ayuntamientos para aplicarlo y regularizar la situación de esas viviendas de forma que puedan incorporarse al ordenamiento.