La aprobación de este Proyecto de Ley significa que las viviendas construidas en subparcelaciones en terrenos no urbanizables podrán detener los procesos de demolición si su antigüedad es superior a seis años, por haber prescrito. Anteriormente a esta modificación, este carácter de ilegalidad nunca prescribía y las construcciones podían ser demolidas en cualquier momento, lo que provocada una situación de desprotección e incertidumbre constante. El Proyecto de Ley aprobado da a la Junta de Andalucía 6 meses para tener preparada la documentación y los procedimientos, y 2 años a los Ayuntamientos para aplicarlo y regularizar la situación de esas viviendas de forma que puedan incorporarse al ordenamiento.

El Portavoz de SOHA y alcalde de Alcaucín, de Ciudadanos, Mario Blancke, comentó tras la votación que era un día de celebración y un éxito de muchos que han trabajado para conseguirlo. Añadió que es un avance muy importante para la regularización de las viviendas, al menos como asimilados fuera de ordenación.  Blancke insistió que no es algo que afecte únicamente a un grupo de extranjeros, sino que más de la mitad de los afectados son españoles. Además, concluyó, los Ayuntamientos también se benefician de esta modificación ya que no se verán afectados por las indemnizaciones que suponen las demoliciones. 

El debate previo a la votación comenzó con la intervención del diputado de IU José Antonio Castro que comentó que la modificación abría la posibilidad de convertir las viviendas en asimiladas fuera de ordenación, y que todo había sido fruto de la connivencia de las administraciones locales y regionales para captar ingresos a través de las transmisiones y los actos jurídicos documentados. Castro añadió en su discurso que este Proyecto de Ley significaba que la Junta de Andalucía asumía su responsabilidad.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Marta Escrivá, explicó que la aprobación significa resolver la situación de incertidumbre en la que viven alrededor de 150.000 personas. Escrivá añadió que eran conscientes de que muchas viviendas no podrán regularizarse y por ello no querían levantar falsas esperanzas. Continuó diciendo que este Proyecto de Ley es respetuoso con el Medio Ambiente a la vez que da respaldo jurídico a los ciudadanos, y permite que los propietarios de esas viviendas puedan tener los servicios básicos mientras se tramita su regularización.

(Foto: intervención de Marta Escrivá, Cs)

Mercedes Barranco, Diputada de Podemos, tachó a la Junta de Andalucía de incapaz y tolerante con el “todo vale”, así como de autocomplacientes y de hacer dejación de funciones. Barranco concluyó diciendo que esta modificación impide a los jueces y registradores actuar, y la califica de injusta por beneficiar tanto a las víctimas como a los que se lucraron ilegalmente.

Patricia Navarro, diputada por el PP, preguntó cuál va a ser el procedimiento que los Ayuntamientos tendrán que seguir y reprochó al Gobierno Andaluz que cargue el esfuerzo en los Ayuntamientos cuando lo que necesitan es apoyo técnico y humano. Además, tachó la Ley de chapuza, de poco rigor legislativo y de cobarde, ya que no supone un punto y final a las modificaciones. Aprovechó para pedir al Consejero acelerar la tramitación de los PGOU además de más transparencia en Urbanismo.

El Diputado del PSOE, Rodrigo Sánchez Haro, argumentó que con este Proyecto de Ley demostraban que la Administración es una herramienta útil para los andaluces y que estaban evitando con ello cientos de demoliciones, y añadió que es una Ley que lleva el sello de todos los Grupos Parlamentarios. Sánchez comentó que esta modificación abría el camino para que los asimilados fuera de ordenación, los diseminados en suelo rural y los asentamientos puedan incorporarse al ordenamiento.

(Foto: afectados por las viviendas irregulares posan con Susana Díaz, el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal López, parlamentarios andaluces, alcaldes de la Axarquía y delegados provinciales)