“Era a todas luces un irregularidad que, al menos el Secretario General de Ayuntamiento, debía estudiar, porque se había firmando un convenio sobre el que al menos la Junta de Andalucía se tenía que pronunciar, y el ayuntamiento sólo no tenía competencias para ello, y por eso tenía que denunciarlo”, ha comentado el concejal  de Medio Ambiente, José María Gómez (PA). “Tanto la justicia como los informes municipales han desestimado esta reclamación, lo que supone haber ahorrado a los vecinos de Rincón de la Victoria casi 1,6 millones de euros, que de no haberlo parado entonces, Salado se hubiera salido con la suya”.

El acuerdo que firmaran la constructora Jetordi 5 SA y el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria en enero de 2004, durante el bipartito de Domínguez Palma y Salado Escaño por el que se permutaban el Llano de Torroba por dos parcelas propiedad del ayuntamiento ya provocó unos beneficios de 1,7 millones de euros a los propietarios de la promotora. Sin embargo, el acuerdo incluía el compromiso de recalificación de una finca conocida como El Pozuelo, que en caso de no producirse, el consistorio debería abonar 1,22 millones de euros a dicha empresa.

Con Francisco Salado (PP) otra vez en al Ayuntamiento y tras la reclamación de Jetordi 5, 10 años después, es en febrero de 2014 que el exalcalde intentó aprobar en el pleno del Ayuntamiento el pago de los 1,22 millones de euros más intereses de demora.

Declaraciones de Salado

En declaraciones a la radio municipal de Rincón de la Victoria, Salado habría adelantado que en las próximas semanas habrá más sentencias a su favor.

Hace unos días, el juzgado archivaba definitivamente la denuncia del concejal José María Gómez (PA), Pepín, sobre la presunta prevaricación que había cometido el exalcalde y hoy Vicepresidente de la Diputación malagueña, por asignar la redacción de un proyecto para el paseo marítimo de Torre de Banagalbón fuera de concurso y sin publicidad publicos, por 90.000 euros, y sin partida presupuestaria.

“Es increible ver como en Murcia han llamado como invetigados, lo que antes eran imputados, a los resonsables del Partido Popular del ayuntamiento de Los Alcázares por proceder sin publicidad y sin concurso público para realizar una adjudicación de trabajos cuyo coste superaba los 100.000 euros, y aquí en Málaga por un caso como éste y con las pruebas presentadas, vemos estupefactos como se archiva. A pesar de aceptar las decisiones de la justicia, no entendemos este doble rasero. No entendemos qué pasa en los juzgados de Málaga con el Partido Popular”, ha comentado Gómez.