En una entrevista concedida esta mañana a este medio Yolanda Florido, concejala de Bienestar Social, y Antonio Sánchez, concejal de Vivienda y Urbanismo, han comentado sobre las declaraciones del PP (ver artículo de referencia) que “una cosa es lo que se ha hecho y otra cosa como lo impute la Intervención Municipal. Precisamente”, aclara Florido, “las acciones políticas se han hecho, y muchas en función al presupuesto del Plan de Rescate Social”.

Añade la edil que siempre se hace la retención de crédito en base a ese presupuesto, que los que hacen esas declaraciones malintencionadas desde el Partido Popular saben exactamente cómo funciona el procedimiento, “primero se hace la retención de crédito y luego la imputación la hace la Intervención”.

Una de las primeras acciones que hizo el nuevo equipo de gobierno, continúa diciendo Florido, fue poner en funcionamiento de nuevo el CMIM, con la incorporación de una abogada, una psicóloga y una trabajadora social, a lo que Antonio Sánchez añade que son trabajadores del grupo A y que esto ya supone más de los 6.196 euros de los que habla el Partido Popular.

“Otras de las importantes acciones que puso en marcha este equipo de gobierno fueron la garantía alimentaria infantil, campamentos infantiles, transporte y aulas matinales, apoyo a los menores de secundaria y el fomento de la educación a menores, los cursos para el fomento del empleo en ayuda al domicilio, talleres para emprendedoras, talleres de defensa personal a mujeres, entre otras”, enumera la concejala. “Además”, indica, “se ha ampliado el presupuesto del convenio con el Economato Social de 60.000 a 68.000 euros para que pudiera hacerse frente a la compra de alimentos”.

Con relación al anuncio de adhesión al convenio andaluz para evitar ejecuciones hipotecarias y desahucios en el municipio, preguntamos a la concejala de Bienestar Social sobre las medidas que dentro del Plan de Rescate Social, estaba tomando su concejalía. Florido nos comenta que se han emprendido acciones para evitar que ninguna persona del municipio se quedara sin agua ni luz ante un aviso de corte de suministro por impago, “nadie se ha quedado sin agua ni luz”, indica. Añade que dentro del Plan, se ponen en marcha las ayudas económicas necesarias y de ayuda hipotecaria o de alquiler, e insiste que “también para esto se hace la retención de crédito”.

“Demanda hay mucha y por eso el Plan de Rescate Social con esa dotación económica se hizo en base a las necesidades detectadas en Bienestar Social”, concluye Florido, a lo que Antonio Sánchez, concejal de Urbanismo y Vivienda, ha añadido que “no sólo ha sido paliar las necesidades y las situaciones de riesgo de muchas familias, sino también dotar a las concejalías y a los técnicos de las herramientas necesarias y que son precisamente las políticas sociales”.

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Sobre la reciente moción de adhesión al acuerdo suscrito entre la Junta de Andalucía, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), y sobre la oficina de Oficina Municipal de Asesoramiento, Sánchez nos explica que el convenio significa poder redactar los informes necesarios y acreditar lo antes posible la situación de las familias en riesgo de embargo de sus viviendas y desahucios hipotecarios.

El edil añade que antes de eso hay toda una serie de medidas que se toman desde Bienestar Social “que son las que ha explicado la concejala Yolanda Florido y que son todas esas medidas de emergencia para evitar los cortes de suministros o el pago del alquiler o algún recibo de la hipoteca”.

El concejal de Vivienda continúa diciendo que el convenio contempla la creación de esa Oficina Municipal de Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria y que se ubica en la concejalía de Urbanismo. Explica que en una primera fase la oficina, en la concejalía de Urbanismo, ofrece un asesoramiento ante desahucios hipotecarios para tratar de llegar a algún acuerdo con el banco, y que se da con el propio personal del ayuntamiento, y en concreto a través del abogado de Urbanismo y una auxiliar administrativo; y en una segunda fase a través de un acuerdo, que está pendiente de firmar, con el Colegio de Abogados de Málaga para un asesoramiento más específico para negociación con el banco y evitar que el “tema” llegue al juzgado, convenio que tendrá un coste de aproximadamente 5.000 euros al año. “No había nada antes y vamos dando pasos para tenerlo”, concluye.

Finalmente, ante el anuncio de la Junta de Andalucía sobre el nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, con una dotación de 700 millones de euros, que facilitará el alquiler de 78.000 viviendas a un precio asequible y prevé la rehabilitación de cerca de 63.000 viviendas públicas y privadas, además de adherirse también al anteproyecto sobre el derecho de retracto que permite comprar viviendas de desahucios de manera preferente para alquileres sociales, Sánchez nos indicó que este tipo de anuncios es siempre una buena noticia lo mismo que ese cambio de criterio de la propia Junta de Andalucía. Sin embargo, comenta, que puestos en contacto con el ente regional le habría informado que éste plan es de momento un borrador, “aunque es siempre una buena noticia”, insiste. “Cuando esté listo, desde el Ayuntamiento acometeremos las acciones que correspondan a los criterios que marque el Plan”. “Respecto del derecho de retracto”, explica, “habrá que esperar a ese anteproyecto pero ya nos gustaría tener el capital para comprar esas viviendas y dotar al municipio de más viviendas sociales”. “Mientras tanto”, añade Yolanda Florido, “articularemos las herramientas disponibles con recursos propios para dar respuesta a la urgencia habitacional en caso de desahucio”.