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  • Diario Digital | martes, 23 de abril de 2024
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BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA

Un convenio andaluz para evitar ejecuciones hipotecarias o una utopía de un municipio libre de desahucios

El Gobierno Local aprobó el pasado 30 de marzo (2016) en sesión plenaria, adherirse al convenio andaluz para “evitar ejecuciones hipotecarias y desahucios en el municipio”. El objetivo es actuar de manera coordinada ante la problemática de casos de desalojo de viviendas.

Pero, ¿hasta qué punto puede el gobierno local tomar medidas más allá del titular de “Municipio libre de desahucios”?

afectadosporlahipotecagranada com
(Fuente de la foto: afectadosporlahipoteca)
Un convenio andaluz para evitar ejecuciones hipotecarias o una utopía de un municipio libre de desahucios

El acuerdo suscrito entre la Junta de Andalucía, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) permitirá que los servicios sociales autonómicos y municipales tengan acceso rápido a información sobre la ciudadanía más vulnerable frente a ejecuciones hipotecarias o desahucios y puedan buscar una solución al respecto. Así, cuando el juez detecte situaciones de riesgo, lo comunicará a los servicios sociales, pudiendo incluso suspender el lanzamiento, de conformidad con las leyes procesales.

A nivel local, el convenio contempla una serie de medidas como son la puesta en marcha de un protocolo de actuación que facilita acceso de los órganos judiciales a la información sobre ciudadanos vulnerables, una Oficina Municipal de Asesoramiento e Intermediación hipotecaria y la exención del impuesto de plusvalía a las personas afectadas.

Hay que mencionar que el convenio andaluz que suscribe este Ayuntamiento no habla de evitar las ejecuciones hipotecarias ni los desahucios de manera generalizada, sino que más claramente habla de un convenio para reducir el daño que las ejecuciones hipotecarias de viviendas provocan en miles de familias y suspenderlas según marquen las leyes, como se deriva de la información dada a los medios por la propia Junta de Andalucía.

Sin embargo, hemos querido conocer qué hay de realidad en el anuncio de “Municipio Libre de Desahucios” que se aprobó en el mes de Septiembre de 2015, y qué posibilidades reales tiene el gobierno local para evitar ejecuciones hipotecarias como anuncia.

Plataforma de Afectados por la Hipoteca

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca mantuvo una reunión sobre este asunto hace unas semanas con el equipo de gobierno, en la que les manifestaron su voluntad de colaborar pero pidieron contundencia y medidas concretas, las conocidas como las “5 de la PAH”:

  1. La dación en pago retroactiva y los mecanismos de “segunda oportunidad”.
  2. Un alquiler asequible con un marco de regulación de los precios según ingresos de la población.
  3. Stop desahucios sobre la primera y única vivienda.
  4. Vivienda social y movilización de la vivienda vacía.
  5. Suministros garantizados y garantía de no cortar estos suministros ante este tipo de situaciones.

 

Para ello, añaden, enviarían copia de las Mociones sobre Titulizaciones (que hace referencia a los fondos de inversión –los conocidos como fondos buitre, detrás de muchas hipotecas de riesgo) y sobre las 5 de la PAH, a fin de que el equipo de gobierno estudiara secundar dichas mociones en pleno.

Los representantes de la PAH también comentaron a este periódico que la Oficina de la Vivienda era algo que se estaba moviendo pero que están empezando de nuevo, según les informaron. No obstante, uno de los principales problemas, añaden, es y sigue siendo el alojamiento urgente de estas personas que se ven en la calle.

Durante el transcurso de la reunión, la PAH pidió más presión a los bancos puesto que éstos no aceptaban la opción del alquiler social de las viviendas embargadas.

Finalmente, la PAH quiso destacar la labor que Rincón Contigo hace en el municipio ayudando a los vecinos en situaciones tan desesperadas, y añadió que una de las labores que realizan desde la Plataforma es la ayuda psicológica y apoyo gratuitos.

Mientras, en Rincón de la Victoria…

En nuestro municipio la cuestión está en pañales. Los datos que arroja el propio Ayuntamiento son de 15 casos de desahucio en 2014 y de al menos 18 casos de septiembre de 2015 a día de hoy.

Al hilo de las declaraciones de la PAH, si uno de los principales problemas cuando se dan estos casos es el alojamiento de urgencia, Rincón de la Victoria no cuenta en la actualidad con ninguna vivienda social, y habrá que esperar, al menos, a la finalización de la obra del complejo de la Calle Miró en el Cantal, para tener 4 viviendas sociales y resolver el problema habitacional de urgencia.

Además, la última promoción de viviendas sociales data del año 2010, siendo alcaldesa de Rincón de la Victoria, Encarnación Anaya (PSOE). Fueron las viviendas de Paraíso del Sol con 118 inmuebles y fue la la promoción de viviendas sociales (VPO) de mayor envergadura jamás promovida en el municipio.

En septiembre de 2015, el equipo de gobierno anunció el Plan de rescate social dotado con 125.000 euros para ese año, y de 250.000 euros para 2016; plan de rescate destinado a paliar la demanda de todas las personas y familias más necesitadas de municipio y ayuda al refugiado, y que incluían ayudas para alquiler e hipoteca.

No obstante, el Partido Popular de Rincón de la Victoria denunciaba hace unos días que este presupuesto se estaba dejando de invertir, y aportaba la cifra de que tan sólo un 5% (6.196 euros) es lo que se habría ejecutado de los 125.000 euros de 2015. Los populares añaden que de la partida de “ayudas a familias para el arrendamiento de viviendas” sólo se habrían ejecutado 6.236 euros de 21.500 previstos.

El anuncio “Municipio Libre de Desahucios” incluía además no contratar servicios bancarios con entidades que desahucien, sabiendo que precisamente las cargas crediticias del Ayuntamiento se tienen con el BBVA, , Santander, Popular, Calaluña Caixa y Banco Sabadell, entre otros. Fue con este último con el que el nuevo equipo de gobierno solicitó el pasado agosto de 2015, abrir una cuenta puesto que era la única entidad bancaria que no practicaba desahucios. En este sentido, el equipo de gobierno ha cumplido, salvo en aquellas decisiones que no dependen del consistorio sino que vienen impuestas por el Ministerio de Hacienda, como en lo referido al pago a proveedores.

Preguntas sin respuesta

El equipo de gobierno anunció tras la moción del pasado 30 de marzo, la creación de una Oficina Municipal de Asesoramiento que según la Plataforma de Afectados por las Hipotecas se está empezando a mover, por lo que quisimos conocer el estado de esta oficina y si los técnicos municipales estaban recibiendo formación para esta ampliación de funciones.

También se ha querido saber en qué punto de redacción estaba el protocolo de acceso a los órganos judiciales que considera el convenio suscrito.

Además, el nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, con una dotación de 700 millones de euros, facilitará el alquiler de 78.000 viviendas a un precio asequible y prevé la rehabilitación de cerca de 63.000 viviendas públicas y privadas. Quisimos saber si prevé el ayuntamiento ampliar este convenio con otras acciones como un parque de viviendas públicas como ya lo prevé la Junta de Andalucía o si tiene el Ayuntamiento intención de adherirse también al anteproyecto sobre el derecho de retracto que permite comprar viviendas de desahucios de manera preferente para alquileres sociales.

A día de hoy todavía no hemos obtenido respuesta a estas preguntas.

El Partido Popular de Rincón de la Victoria denunciaba pocos días después de la aprobación de la Moción en el pleno del 30 de marzo la infrautilización de los fondos del Plan de Rescate Social. Contactado el concejal de Hacienda, Antonio Moreno, éste nos remitió a la concejalía de Bienestar Social, que son quienes conocen los datos de ejecución de inversión, con cuya titular no hemos conseguido hablar hasta la fecha.

Otras medidas adoptadas por la Junta de Andalucía

La Junta de Andalucía anunció el pasado 1 de marzo el incremento de recursos económicos destinados a ayudar al pago del alquiler a personas en circunstancias especiales de emergencia social incursas en procedimientos de desahucio o de ejecución hasta los 3,8 millones de euros.

Adicionalmente, el gobierno regional sumará el anteproyecto de Ley de Retracto, que permitirá a la Junta ejercer el derecho de compra preferente de las viviendas afectadas por un desahucio, con lo que se facilita la permanencia en su hogar de las familias afectadas; y El nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, con una dotación de 700 millones de euros, facilitará el alquiler de 78.000 viviendas a un precio asequible y prevé la rehabilitación de cerca de 63.000 viviendas públicas y privadas.


Todas estas medidas son soluciones paliativas que no reducen el drama de las ejecuciones hipotecarias, sino que tan solo pospone en el tiempo la inexorable pérdida de la vivienda, y mientras que un sistema fracasado que no es capaz de garantizar una vivienda coma marca la Constitución ni un trabajo para mantenerla, se rinde a lo inevitable, desbordado, y tan sólo le queda buscar soluciones de maquillaje eternizadas en burocracia y en titulares, siendo como siempre la solidaridad de otros vecinos o los abuelos que acogen a estos nuevos sin techo que antes fue la clase media española.

Habrá que esperar a conocer si finalmente el gobierno local firma las mociones sobre “las 5 de la PAH”.