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El fin del contrato con Hidralia, que vence este año, devuelve al Pleno el debate de la gestión pública del abastecimiento de agua y el alcantarillado, tras 25 años en manos privadas.
“Los derechos para conseguir una conciliación entre familia y trabajo comienzan dando ejemplo desde las instituciones”, han manifestado las portavoces de IU y Podemos, y han subrayado que una vez más, el alcalde antepone sus compromisos en Diputación a los del municipio.
La sesión plenaria aprueba un texto que ha tenido un coste de 12.000 euros, sin el consenso de los grupos de la oposición ni la participación ciudadana.
