Sergio Díaz, exconcejal de Medio Ambiente y actual concejal y portavoz del PP en la oposición, reabrió el debate sobre la recepción de la urbanización, asegurando que ésta estaba recepcionada y que de hecho fue Encarnación Anaya, quien la hizo en su anterior etapa como alcaldesa (2009-2011). Por su parte, José María Gómez (Andalucistas), concejal de Medio Ambiente, replicó que dicha urbanización no está recepcionada y retó al portavoz de los populares en el Ayuntamiento a que demuestre con papeles lo que afirma.

Al poco tiempo, Díaz hizo circular el acta del Pleno Ordinario de 24 de septiembre de 2013 en el que se aprobaba por unianimidad de todos los grupos (PP, PSOE, IU, PA y PSIRV) comenzar un procedimiento de lesividad contra el acta de recepcion de 2010.

Parque Victoria es una urbanización que nace del PGOU de 1992, con una superficie aproximada de 2 millones de metros cuadrados (200 hectáreas), o lo que es lo mismo, 400 campos de fútbol aproximadamente, de las que sólo un tercio de las parcelas urbanizables están construidas, en dos parcelas conocidas también como UR C-1 y UR C-2.

Para entender en qué situación se encuentra Parque Victoria hay que remontarse años atrás, en concreto a 2007, año en la que la Junta de Compensación (formada por tres promotoras y siete bancos) pide al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria la recepción de la urbanización de las parcelas UR C-1 y UR C-2, año en el que también se crea al Entidad Urbanística de Conversación (EUC), siendo alcalde José Francisco Salado Escaño (PP) y Concejal de Urbanismo, José Jesús Domínguez Palma (PSOE).

Dos años después, los promotores inmobiliarios consideraron la recepción de las parcelas por silencio administrativo. En este año 2009 fue el año de transición de los gobiernos de José Miguel Fernández, del Partido Social Independiente (Psirv), siendo concejal de urbanismo, de nuevo, José Jesús Domínguez Palma (PSOE), al de Encarnación Anaya (PSOE), con Salvador Domínguez (PSIRV) como Concejal de Urbanismo.

El 29 de julio de 2010 se redacta el acta definitiva de constancia formal de recepción de obras de urbanización, y se firma por D.ª Encarnación Anaya, alcaldesa de Rincón de la Victoria, David Ortiz, presidente de la Junta de Compensación, el ingeniero de caminos municipal y el ingeniero de caminos director de obra. No obstante, se hace constar en el anexo al acta, una serie de deficiencias que la Junta de Compensación debería subsanar durante el plazo de garantía, y se hace constar que dicha Junta de Compensación estaría sujeta al cumplimiento de cualquier deber conforme a la legislación vigente.

Así en julio de 2011, con el gobierno del Partido Popular y siendo alcalde de nuevo José Francisco Salado Escaño (PP) con Concejal de Urbanismo, Antonio José Rando (PP), habría vencido el plazo que tenía la Junta de Compensación para subsanar las deficiencias de urbanización. Se comienzan los expedientes de ejecución de avales, hasta un total de siete. Como esos avales no cubren lo necesario para que la zona quedase en óptimas condiciones, el siguiente paso fue informar a la Junta de Compensación del inicio de un expediente administrativo para revisar esa recepción de obra.

En un acta de la asamblea de la Junta de Compensación de fecha noviembre de 2011 se reconoce que existen obras de urbanización sin ejecutar y se insta a la Dirección Facultativa que precise con los técnicos municipales el detalle y valoración de las obras pendientes de ejecución, según se deriva de documentación de los técnicos municipales.

En abril de 2012 el expediente administrativo para revisar la recepción de la urbanización Parque Victoria es aprobado en el pleno y ya en mayo de 2012 se pide la resolución y la anulación del acta de 2010 al Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía.

En abril de 2013, este organismo dictaminó desfavorable la nulidad del acto administrativo porque de hecho, y de acuerdo al expediente, la recepción de las obras se hizo incumpliendo la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en el sentido de que son susceptibles de ser anulables a través de la declaración de lesividad de aquel acto administrativo, cuya competencia recae en el Pleno de la Corporación.

En mayo de 2014, los técnicos municipales y el Secretario Municipal emitieron un informe valorando las obras de urbanización no ejecutadas en más de tres millones de euros (3.119.512,42 €).

En septiembre de 2014, se aprueba por unanimidad de todos los grupos (PP, PSOE, IU, PA y PSIRV) el dictamen de lesividad y comenzar el procedimiento judicial contra el acta de recepción de 2010 y la Junta de Compensación, que anule formalmente dicho acta. Mientras tanto, esta aprobación plenaria habría revocado de hecho ese acta de recepción, con lo que a todos los efectos municipales Parque Victoria no estaría recepcionada, a pesar de no tener resolución judicial.

Actualmente, todos los miembros de la Junta de Compensación habrían sido notificados por vía judicial si bien no habrían respondido todos ellos. Así que, el proceso puede tardar en resolverse al menos dos años más a tenor de los plazos de la Justicia.

Situación actual

La declaración de lesividad, en el Derecho español, es un acto administrativo por el que una entidad administrativa considera dañino para los intereses públicos, un acto previamente dictado por ella misma, con el fin de poder solicitar su anulación ante la justicia. Es requisito previo para la impugnación del ente ante la Jurisdicción contencioso-administrativa y su declaración de anulabilidad.

A todos los efectos, tanto el equipo de gobierno actual (PSOE, Ahora Rincón, IU, PA) como el anterior (PP), habrían entendido tras la aprobación en pleno de septiembre de 2014 de la declaración de lesividad del acta de 2010 que las parcelas de Parque Victoria UR C-1 y UR C-2 no están recepcionadas de hecho.

¿Qué significa esto? Eso significa que el Ayuntamiento no puede usar recursos municipales para acometer servicios de limpieza, desbroce o reparaciones, que no se hagan a través de la ejecución de avales urbanísticos y por razones de seguridad previo informe de los técnicos municipales, si bien debería ser la EUC (Entidad Urbanística de Conservación) la responsable de estos menesteres, pero que no dispondría de los recursos para ello.

Así lo hizo el propio Partido Popular a finales de su legislatura con la subcontratación de una empresa externa para la limpieza y desbroce de algunas zonas de Parque Victoria, que de haber estado recepcionada hubiera sido labor de las empresas públicas municipales y habría cometido un presunto delito de malversación de caudales públicos.

Con esto, el cruce de opiniones de ambos concejales en las redes sociales habría puesto la posición unánime de ambos gobiernos en entredicho y en una situación bastante incómoda de cara al proceso judicial abierto y, lo que es peor, poniendo a prueba la ya mas que colmada paciencia de los vecinos de esta urbanización.