El portavoz del grupo municipal VOX en Rincón de la Victoria, José Rodríguez, ha explicado que las medidas adoptadas por el Gobierno están ya afectando y afectarán en mayor medida a la economía, especialmente a los autónomos y PYME’s. Además, añade, muchos familias perderán sus empleos y verán radicalmente disminuidos sus ingresos, bien por culpa directa de la crisis sanitaria, bien como consecuencia de la declaración del estado de alarma.

Rodríguez ha insistido en que el Gobierno de la Nación no ha realizado ninguna acción ni esfuerzo dirigidos a reducir el gasto político innecesario por lo que insta al Ayuntamiento a aprobar su propio Plan de Contingencia Fiscal.

Dentro de este Plan de Contingencia Fiscal, VOX propone:

- Reducción del 50 % de la totalidad de tasas municipales cuyo hecho imponible esté vinculado al desarrollo de una actividad comercial o empresarial (tasa de basuras, tasa por ocupación del dominio público para terrazas de bares y restaurantes, o vendedores en mercados municipales, fijos o ambulantes);

- Aplazamiento del pago del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras de toda obra que se haya visto paralizada por la crisis sanitaria o la declaración del estado de alarma. En caso de que se hayan ya liquidado, devolución del 50%.

- Aplicar una reducción del 40% del Impuesto de Bienes Inmuebles a los negocios que hayan tenido que cerrar con motivo del estado de alarma, así como a los vecinos que acrediten haber pasado por algún tipo de Expediente de Regulación de Empleo.

Por otro lado, piden el aplazamiento de dos meses el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales vecinales con Ayuntamientos sujetas a plazo, la suspensión del devengo del canon o de la renta de las concesiones o alquileres municipales y prórroga automática de los plazos de ejecución y finalización en 3 meses respecto de los establecidos en la concesión de licencias.

Reducción del gasto político

También, reclama medidas de reducción de gasto innecesario y la realización de reajustes presupuestarios, procediendo a suspender la ejecución de todas las partidas presupuestarias no ejecutadas.

Para ello, pide la suspensión del abono (y procedimientos abiertos para su adjudicación) de las subvenciones aprobadas a sindicatos, partidos políticos, grupos políticos municipales, y asociaciones o entidades cuya actividad no tenga naturaleza mercantil y no esté directamente vinculada a la garantía del empleo, la sanidad, la seguridad ciudadana, la alimentación o la vivienda de los más necesitados.