El Gobierno Local aprobó el pasado 30 de marzo (2016) en sesión plenaria, adherirse al convenio andaluz para “evitar ejecuciones hipotecarias y desahucios en el municipio”. El objetivo es actuar de manera coordinada ante la problemática de casos de desalojo de viviendas.

Pero, ¿hasta qué punto puede el gobierno local tomar medidas más allá del titular de “Municipio libre de desahucios”?