“Desde hace varios días, le vengo llamando telefónicamente a Vd. para darle conocimiento de los asuntos económicos que vienen ocurriendo en el Área de Economía y Hacienda de este Ayuntamiento, desde mi posición como Interventor General del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria; Vd. no sólo no me coge el teléfono, ni me devuelve las llamadas, ni permite que le informe de los asuntos importantísimos que vienen ocurriendo en el Área de Hacienda y que son de interés vital para con este Ayuntamiento. No sólo en la situación actual, sino para el futuro de este municipio”.

De esta forma se dirigió el pasado viernes 24 de marzo Gaspar F. Bokesa, Interventor Municipal, a los miembros de la Corporación Municipal.

Francisco Salado indicó a los medios, en referencia a ese comunicado, que “el Equipo de Gobierno, tras la reunión con los equipos de la oposición, anunció que se iban a adherir al plan de carencia y aplazamiento de pagos con las entidades de crédito para pago a proveedores porque el Interventor entregó un informe advirtiendo de la situación económica y las consecuencias de no adherirse. Si no hubiera sido así, en esa dejación de funciones, con la permisividad de la alcaldesa, no se hubiera anunciado la adhesión, porque conlleva un plan de ajuste, que son impopulares pero hay que hacerlos por responsabilidad pero que conllevan un ahorro de 13 millones”.

“Creemos que se está cometiendo un presunto delito de prevaricación por omisión, por el perjuicio económico que están causando al ayuntamiento y no podemos quedarnos parados. No podemos quedarnos quietos viendo cómo se pierden el año pasado 2,3 millones euros y este vayamos a perder 1,7 millones euros”, explicó Salado. “Nuestra asesoría jurídica ya está preparando toda la documentación para abrir ese expediente”, que irá no sólo contra Antonio Moreno, concejal de Hacienda, sino contra la alcaldesa Encarnación Anaya, que es quien delega en el concejal de Ahora Rincón - Podemos.

El presidente de los populares de Rincón añadió que “en el pleno van a presentar una moción donde acordaremos adherirnos al fondo de ordenación de 2017, aunque se vaya muy justo, y que tanto el concejal de Hacienda y la Alcaldesa lo agilicen lo más posibles”.

El responsable de política económica de los populares, Antonio Fernández, explicó que “acogerse al fondo de ordenación significa poder diferir en 10 años, con un año de carencia, aquellos créditos que no cumplen el principio de prudencia”. Fernández añadió que “se perdió la oportunidad en 2016 y se va a perder la oportunidad de 2017. Esto ayuda a rebajar sobre todo la deuda comercial, que se refiere al pago a proveedores y cumplir la regla de gasto y equilibrio financiero. Pero con la dejadez del responsable financiero, esto no se ha hecho y se hubiera pasado de un déficit de 5 millones de euros que genera deuda comercial, a un superávit de 1 millón de euros aproximadamente, y si se hacen efectivos los derechos de cobro, tendríamos un superávit de 4 millones de euros que permitiría reducir deuda comercial, es decir, reducir la presión financiera”. “Esto no se ha hecho por omisión de funciones”, concluyó el concejal popular.

Además, Salado precisó que “lo que se ha visto es que una vez se han hecho los ajustes con las facturas sin consignación, el déficit de tesorería es de casi 4,5 millones de euros”. "Se han puesto muy nerviosos y por eso atacan al Interventor". "Esto lo van a vislumbrar los tribunales", aseveró Salado, que añadió que “esto acerca más al PP a una moción de censura por responsabilidad”, y que ya se están dando pasos en esta dirección, especialmente para conseguir un pacto estable para los próximos dos años.